El propuesto Proyecto de Ley C-22 de Canadá ha generado un intenso debate por obligar a los proveedores de telecomunicaciones a retener y proporcionar acceso policial a los metadatos de suscriptores sin órdenes judiciales en ciertas circunstancias. El experto en privacidad Michael Geist ha publicado un análisis detallado advirtiendo que, aunque el proyecto hace algunas mejoras respecto a propuestas anteriores de acceso legal, aún contiene peligrosas disposiciones de vigilancia por puerta trasera. La legislación requeriría que los ISPs y compañías de telecomunicaciones mantengan capacidades de intercepción y entreguen información básica de suscriptores a las autoridades. Los críticos argumentan que esto crea una infraestructura de vigilancia masiva que socava los derechos de privacidad digital.